Martes, 16 de Septiembre de 2014. 16:10 Hs.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por el uso "abusivo" de la prisión preventiva en Paraguay.
En Paraguay, 7 de cada 10 personas privadas de libertad no cuentan con sentencia, según un informe divulgado hoy por la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay(Codehupy)
El informe, resultado de la visita que entre el 25 y el 29 de agosto realizó a Paraguay el relator de la CIDH sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, James Cavallaro, revela que el 75,4% de los 10.637 internos del país está a la espera de juicio, frente al 24,6%, que cumple una pena.
El estudio asegura que las cifras representan uno de los niveles más altos de la región y que la prisión preventiva ha ido en aumento en los últimos años.
Así, según sus datos, del total de 1.647 personas que en 2013 ingresaron en el sistema penitenciario, 1.460 fueron privadas de su libertad de forma preventiva.
Además, el informe señala que muchos de los internos en esa modalidad permanecen encarcelados más de dos años, el máximo periodo de prisión preventiva según el código procesal penal paraguayo.
En ese sentido, el relator hizo un llamado al Poder Judicial para que cumpla las obligaciones internacionales de Paraguay en materia de derechos humanos y adopte las medidas necesarias para asegurar que ninguna persona permanezca en detención más del tiempo establecido por la ley.
El informe también observa que el efecto del uso excesivo de la prisión preventiva se traduce en una sobrepoblación carcelaria en Paraguay.
El país cuenta con 14 centros penitenciarios para adultos con una capacidad para 6.637 personas, pero con un censo de 10.637 internos en agosto de 2014, según los datos proporcionados por el Ministerio de Justicia a la misión de la CIDH.
Ese exceso de población provoca, según el informe, serias deficiencias en el sistema carcelario paraguayo como instalaciones sanitarias insalubres, escasez de comida e incluso personas carentes de celdas y camas, que duermen en el suelo.
A ello se añade que un alto número de personas privadas de libertad presenta problemas de adición a la droga, a lo que contribuye que algunos funcionarios introducen y comercian con esas sustancias.
El relator también llamó la atención sobre la situación del centro educativo de menores de Itauguá, donde han muerto cuatro adolescentes este año.
Dos de ellos fallecieron en abril cuando los guardias dispararon balines de goma en el curso de un motín, mientras que otros dos murieron electrocutados en agosto cuando intentaban fugarse al trepar por una de las vallas electrificadas.
En su informe, la CIDH constata que el 93% de los adolescentes y niños de ese centro se encuentra en prisión preventiva y también apunta las precarias condiciones sanitarias, la utilización de celdas de aislamiento prohibidas y los malos tratos por parte de educadores y guardias.
Asimismo manifiesta preocupación por la discriminación que sufren las personas transexuales en los centros debido a su orientación sexual.
La CIDH es un órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) que tiene la misión de promover el respeto de los derechos humanos en la región. EFE
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