Lunes, 03 de Diciembre de 2018. 19:36 Hs.
La Fiscalía comprobó que la fiscal Cristina Chamorro Páez organizó el recibo de altas sumas de dinero con el fin de otorgar una medida más leve a una mujer denunciada por abigeato.
Foto: Archivo - Paraguaycom
La fiscal Victoria Acuña abrió una investigación contra su colega de Villa Hayes, Chamorro Paéz, por cohecho pasivo. Esta agente imputó a Odilia Vera por abigeato a quien pidió, supuestamente, varias sumas a ser consensuadas con el fin de otorgar medidas menos severas.
Primero, según consta en la denuncia, pidió G. 45 millones a cambio de medidas alternativas a la prisión y el cambio de calificación por el caso de Vera. Esta suma pagó el día de la audiencia de imposición de medidas y cuando solicitó su libertad ambulatoria, Chamorro se allanó al pedido.
Como surgió la posibilidad de llegar a un acuerdo con la querella, ella debía pagar otros G. 50 millones y como expresó que no tenía la suma, se presentó acusación contra Vera.
El día de la audiencia preliminar, el 16 de noviembre, la fiscal se acerca a Vera para proponerle abonar G. 100 millones o G. 60 millones, a cambio de allanarse al pedido de la defensa en la próxima reunión.
El 28 de noviembre, nuevamente, a Odilia le requieren G. 50 millones para solucionar la causa, esta vez con el juez. Incluso, realiza un chantaje diciendo que tiene todos los elementos para llegar a la condena, pero pagando la suma requerida, se la beneficiaría con una salida procesal con un procedimiento abreviado que la llevaría a 2 años de cárcel, con la suspensión de la condena.
Además de lo solicitado, debía abonar a la querella G. 100 millones en concepto de daño y los G. 60 millones para el abogado, no quedaría registrado. Hasta el día siguiente, el 29, no se llegó ningún acuerdo, pero la Fiscalía obtuvo conocimiento del caso y actuó rápidamente.
En total, la fiscal Chamorro pidió a Vera G. 95 millones, según concluye la querella de la Fiscalía contra la funcionaria. Este dinero es para que se le otorgue un juzgamiento abreviado que culmine con la posibilidad de suspender la condena.
Ante todo este escándalo, se pidió el desafuero de la funcionaria y la remisión de los antecedentes ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). La fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez dictaminó sumariar y apartar a la mujer del cargo.
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