Rematarán 40 casas sin importar las personas que viven dentro

Viernes, 12 de Mayo de 2017. 22:08 Hs.

Un barrio en Capiatá será rematado tras una estafa realizada por una cooperativa. Debido a una deuda, un banco decidió embargar los bienes de la empresa, entre ellos un vecindario con 40 casas y 200 personas.

Marcelina Franco, presidenta de la comisión vecina, explicó esta desesperante situación. La cooperativa Ñapu'a Hagua ofrecía un plan del pago de la casa propia, construidas por la Senavitat y financiadas con el dinero de la empresa.

Mientras recaudaba dinero la cooperativa, esta no volvía a pagar a la Senavitat, atrasándose por nueve meses. Esta recaudación desapareció y las 40 familias beneficiarias pagaban entre G. 400.000 a G. 1.200.000 mensualmente, y los socios ya abonaban la cuota 35 o 40.

Las irregularidades continuaban y la Incoop intervino para dar cese a las actividades de Ñapu'a Hagua. Sin embargo, esta tenía una deuda con una entidad bancaria por un valor de G. 400 millones.

El banco decidió enviar a remate todos los terrenos, actividad que se llevará a cabo el 22 de mayo.

En consecuencia, el exdirector de la cooperativa, Hugo César Acevedo se encuentra procesado por este hecho de estafa. Si bien este conflicto no atañe a la administración actual de la Senavitat, Franco denuncia que desde el ente no hay apertura para buscar una solución a este problema e incluso no les reciben para escuchar sus reclamos.

En contrapartida, Adolf Sauer, coordinador de unidad y transparencia de la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (Senavitat), manifestó que continuamente estuvieron conversando con los socios de la cooperativa, así como el banco.

"Desde el 2015 hablamos con los socios sobre una figura que extingue su obligación con la Senavitat para que el ente pueda readjudicarlos, así ejecutar la hipoteca que irá a remate público, pujando por la propiedad saliendo como alternativa recuperar el inmueble o el dinero invertido", aseveró Sauer para Noticias Paraguay.

Asimismo, mencionó que se acercaron con la entidad bancaria para informar a las autoridades judiciales de la empresa sobre el impacto social que produciría esta subasta, y también, brindaron alternativas para recuperar el dinero. "El Estado no intervino en esta acción, no tenemos permiso de abonar la deuda. Veremos si llegamos a un acuerdo", concluyó.


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