Viernes, 06 de Noviembre de 2015. 11:09 Hs.
La Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy) lamentó la aprobación por parte del Senado de un proyecto de ley que crea una reserva natural en las tierras escenario de la masacre de Curuguaty.
A través de un comunicado, la Codehupy, que engloba a cerca de 40 organizaciones en defensa de los derechos humanos, rechazó la aprobación este jueves en el Senado del proyecto de ley, que ya contaba con media sanción en la Cámara de Diputados, y solicitó al Poder Ejecutivo que "vete en su totalidad" el proyecto.
Codehupy argumentó que al aprobar el proyecto "el Poder Legislativo está asumiendo inapropiadamente que la finca" donde ocurrió la masacre "es propiedad de la empresa Campos Morombí", que ofreció donar estas tierras al Estado para crear una reserva.
Foto referencial: Archivo
Sin embargo, las tierras ya habían sido donadas al Estado en 1967 por la empresa la Industrial paraguaya y empleadas desde entonces y hasta 1999 por un destacamento de la Armada paraguaya, razón por la que la finca se conoce como Marina Kue, recordó Codehupy.
Por su parte, la Comisión de Verdad y Justicia que investigó los crímenes de la dictadura en Paraguay (1954-1989) considera a esta finca como "tierras mal habidas", apropiadas de manera irregular por la familia de Blas Riquelme, un histórico dirigente del gobernante Partido Colorado durante el régimen de Stroessner.
Además, tanto la Procuradoría General de la República como el estatal Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) promueven desde hace años que las tierras sean tituladas a nombre del Estado.
La Coordinadora recordó además que en 2004 el Estado paraguayo decretó que las tierras de Marina Kue fueran destinadas a la reforma agraria.
En reclamo del cumplimiento de este decreto, un grupo de unos 70 campesinos ocupó las tierras, pero fueron desalojados de forma violenta por un contingente de cerca de 300 policías el 15 de junio de 2012.
Durante el desalojo, un tiroteo de origen desconocido provocó la muerte de seis policías y once campesinos.
Los hechos llevaron a la destitución una semana más tarde del entonces presidente Fernando Lugo en un controvertido juicio político.
Los campesinos acusados de la muerte de los seis policías durante la masacre se reparten los cargos de homicidio en grado de tentativa y asociación criminal, y por invasión de inmueble ajeno, pese a no estar resuelta judicialmente la titularidad de las tierras donde se produjo la matanza.
El juicio contra ellos fue pospuesto este jueves en Asunción por decimocuarta vez después de que los abogados defensores recusaran a la Fiscalía, que no ha imputado a nadie por la muerte de los once campesinos en la masacre. EFE
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